Hidroelectricas serian las mas perjudicadas con cambio normativo

29/09/2009

Iniciativa presentada por el Gobierno establece que los derechos dejarían de tener el carácter de perpetuos.

José Troncoso Ostornol Las empresas hidroeléctricas serían las más afectadas de prosperar la iniciativa presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) respecto del Código de Aguas, que establece que los derechos dejarían de tener el carácter de perpetuos.

"Lo lógico sería un remate de los derechos de aprovechamiento, pero no una caducidad, remate que está contemplado en la reforma al Código de Aguas de 2005 por el no pago de la patente en caso de no uso de las aguas. En este caso, los grandes perjudicados serían las hidroeléctricas dueñas de derechos no consuntivos y que todavía no llevan a cabo sus proyectos de inversión", sostienen Ricardo Irarrázabal y José Luis Lara, del estudio Philippi Yrarrázaval Pulido & Brunner.

Y las empresas ya están analizando los eventuales cambios.

"Ha habido harta inquietud frente a este proyecto de reforma a la Constitución, tanto así que nos han llamado de empresas eléctricas extranjeras para ver si esto es una situación para preocuparse", reconoce el abogado experto en recursos naturales del estudio Vergara y Cía., Winston Alburquenque.

Y agrega: "Parte del negocio eléctrico pasa por inversiones futuras: hay muchas variables que van determinando la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas y sus tiempos de construcción".

Es por esto que afirma que con los cambios las empresas tienen "que renunciar a hacer centrales futuras, construirlas ahora o en el momento que decida hacer el proyecto salir a comprar los derechos, y es ahí donde se puede crear un mercado especulativo" de derechos de aguas.

Misma visión tienen los expertos de Philippi Yrarrázaval Pulido & Brunner, quienes sostienen que si la aplicación de la caducidad se funda en un uso distinto del que originalmente fue solicitado por parte del peticionario, "creemos que dicha caducidad afectaría claramente los proyectos de inversión".

Y es que a su juicio, en la práctica, la norma "limitaría la compra de derechos de aprovechamiento de aguas, afectando así el mercado de dichos derechos y rigidizando este mercado de manera artificial".

Fuente: "El Mercurio"

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