Aguas Andinas ira a la Corte Suprema por fallo en contra de su proyecto Planta Mapocho

28/10/2009

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección interpuesto por la sanitaria contra la Corema. En él alegó exceso de atribuciones de la autoridad.

Fernando Vial R. Un nuevo revés sufrió Aguas Andinas, firma controlada por la española Agbar, en la tramitación del proyecto con el que apunta a tratar en un 100% las aguas servidas de la cuenca de Santiago.

Ello, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago decidió rechazar el recurso de protección interpuesto por la empresa sanitaria contra la Comisión Regional del Medioambiente de la Región Metropolitana (Corema Metropolitana), por un supuesto exceso de atribuciones en la tramitación ambiental del proyecto "Planta Mapocho", debido a que la autoridad exigió a la empresa una serie de condiciones para aprobar la iniciativa; entre ellas, devolver las aguas servidas al cauce del río, previo tratamiento.

Según la Corte, "no se vislumbra ilegalidad en el actuar de la recurrida (Corema) que deba ser corregida mediante esta acción cautelar extraordinaria (...) y no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la acción de cautela de derechos constitucionales, de manera que el recurso deducido no está en condiciones de prosperar". El tribunal agrega que el organismo técnico llamado a pronunciarse al respecto es la Conama, que actualmente tramita una reclamación interpuesta por la empresa.

En paralelo, Aguas Andinas manifiesta que apelarán a la Corte Suprema, "ya que la Resolución de Calificación Ambiental vulnera las garantías constitucionales", precisa.

Resolución

El pasado 1 de abril, la Corema Metropolitana, junto con certificar la construcción y puesta en marcha de la nueva planta Mapocho que involucra una inversión por US$ 300 millones, exigió a la sanitaria una serie de condiciones adicionales.

La autoridad obliga a la empresa a solicitar una nueva concesión sanitaria en la zona urbana de Padre Hurtado, fuera del área que actualmente atiende; además, señala que se deberían construir las obras civiles de riego que permitan la restitución de aguas sevidas previamente tratadas al cauce del río Mapocho para su posterior uso de regantes agrícolas. Por último, exige cerrar el "monofill" o espacio para almacenar los biosólidos resultantes del tratamiento de las aguas de la Planta El Trebal, que colindará con la Planta Mapocho.

Según Aguas Andinas, estas obligaciones son "ilegales y arbitrarias" y afectarían gravemente las garantías constitucionales, "llegando al extremo de forzar a su representada a desarrollar una actividad económica que no ejerce", así como a "regalarle a un grupo de empresarios agrícolas aguas que son de su propiedad, con costosísimas obras de infraestructura".

Fuente: "El Mercurio"

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