Se requiere una reforma Constitucional en materia de aguas

30/11/2009

Quizás el verdadero objetivo de esta reforma es devolverle antiguas potestades a la administración pública.

El Gobierno impulsa una reforma que pretende darles reconocimiento constitucional a las aguas como bien nacional de uso público, cualquiera sea su estado (líquido, sólido o gaseoso). Este reconocimiento constitucional de las aguas no es necesario, puesto que desde el Código Civil de 1857 que las aguas tienen en nuestro país el carácter de bien nacional de uso público.

Pareciera ser que el verdadero objetivo de la reforma es devolverle antiguas potestades a la administración pública, como la posibilidad de caducar derechos ya otorgados y regular la eventual pérdida de ellos por parte de su tenedor.

¿Por qué la Dirección General de Aguas (DGA) quiere poder caducar los derechos? Al parecer existe la convicción de que gran parte de las cuencas de nuestro país se encuentran sobreexplotadas y por lo tanto, es necesario comenzar a caducar algunos derechos. Su actuar en el último tiempo respalda esto.

Es así como ha comenzado a aplicar los "factores de uso" como instrumento para afectar o recortar los derechos de aprovechamiento de aguas ya concedidos en las solicitudes de traslado de los mismos.

También ha enviado un proyecto de ley (Boletín 6681-01), actualmente en discusión en el Congreso Nacional, que pretende solucionar el problema originado con la aprobación de la llamada "ley del mono" (art. 4º transitorio introducido en la Ley 20.017 del 2005). El objetivo de este artículo era permitir la regularización de los derechos de pequeños agricultores (Indap), mediante la constitución de derechos de agua subterránea de forma simplificada. Lamentablemente, las consecuencias de la aplicación de este artículo han sido nefastas: se presentaron 52.583 solicitudes de constitución de derechos de agua subterránea (150 m3/seg); sólo el 27% son solicitudes de pequeños agricultores Indap y es imposible constituirlos sin afectar solicitudes ya otorgadas; y de hacerlo se produciría la sobreexplotación de los acuíferos.

Los verdaderos problemas en materia de aguas no se solucionan con la reforma constitucional propuesta. Ellos dicen relación, entre otros, con la inadecuada especificidad de los derechos antiguos, la poca información disponible referente a ellos y al funcionamiento del mercado. Por el contrario, la reforma creará inseguridad jurídica, ya que involucra la posibilidad de caducar derechos ya concedidos. Diversas autoridades ya se han referido críticamente al tema y podemos concluir que ésta merece reparos constitucionales, debido a que la perpetuidad es un atributo esencial del derecho de propiedad.

Adicionalmente, permite una mayor intervención del Estado, ya que lo faculta para que intervenga en la gestión del recurso, materia que ha sido exitosamente manejada por las asociaciones privadas.

No se justifican estas nuevas potestades públicas. Por el contrario, ellas representan una amenaza para el desarrollo de futuros proyectos de generación minihidro en Chile.

Fuente: "El Mercurio"

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