Una
comisión interinstitucional formada por la Alcaldía
de Granada, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena),
Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor), 100 agricultores
y pobladores de Malacatoya, trabajan en conjunto para resolver
uno de los problemas más grandes que afecta al cultivo
de arroz, que es la falta de agua por el bajo caudal del río
Panaloya que limita con Tisma, Masaya.
La mortandad de peces es evidente en los 23 kilómetros
del río entre la planta Celulosa Licancel y la desembocadura
de la vía fluvial en la región de Maule, centro
de Chile.
Los pescadores dependen del río y en conjunto con indígenas
mapuches presentaron ante la Corte de Apelaciones de la ciudad
de Talca una demanda contra los responsables del daño ecológico.
Celulosa Licancel es propiedad de Celulosa Arauco y Constitución
S.A. (Celco), cuyo gerente general, Matías Domeyko, dijo
que despidió a tres directivos por el incidente y ordenó
la paralización de la empresa.
La planta Licancel vertió en el río Mataquito sustancias
utilizadas en el procesamiento de pulpa.
El gobierno de Chile declaró una alerta sanitaria en la
zona después de que advirtiera la muerte de peces en el
río a causa de la contaminación causada por Celulosa
Licancel, la cual producía 145.000 toneladas métricas
de pulpa al año.
El ministro del Interior, Belisario Velasco, dijo que la rotura
de un estanque en la empresa causó un derrame de 50.000
litros de líquido con sustancias químicas en el
río.
Los demandantes incluyen a las organizaciones sociales Participa
y la Agrupación de Mapuches de Talca, capital de la región
de Maule.
La
dirigente de Participa, Ana María Lepe, dijo que las demandas
proceden ante el derecho establecido en el artículo 19
de la constitución de vivir en un ambiente libre de contaminación.
El dirigente mapuche Jorge Cheuque, de Licantén, y Lepe,
coincidieron en la necesidad de que el gobierno ponga mayor fiscalización
en las empresas que utilizan sustancias contaminantes.
Grupos ecologistas dijeron que el peligro de contaminación
aumenta ante la actitud blanda de las autoridades hacia las empresas,
pues las inspecciones por parte de la Comisión Nacional
el Medio Ambiente (Conama) no son efectivas.
En medio de las críticas, el gobierno pretende el fortalecimiento
de la fiscalización con una Superintendencia del Medio
Ambiente.
En el caso de Celco, la planta Licancel estaba obligada por ley
a desarrollar un tratamiento por decantación del material
tóxico. La experiencia de otras de sus plantas, esta vez
en San José de la Mariquina en el río Cruces, cerca
de la ciudad de Valdivia, dio cuenta de una extremada falta de
fiscalización.
Los efectos incluyeron la existencia de emisores clandestinos
que afectaron al sector y provocaron la muerte y emigración
de los cisnes de cuello negro.
La producción de celulosa genera derivados organoclorados
del ácido acético como el ácido tricloroacético,
que ha sido usado como herbicida y es causante de clorosis.
Su ciclo en suelos no es muy bien conocido, aunque se sabe que
tiene alta movilidad y es poco biodegradable.
Investigaciones realizadas durante la década de los 90
demostraron que aún pequeñas concentraciones de
organoclorados, en las aguas que son eliminadas por las plantas
de celulosa, pueden tener efectos biológicos sobre los
ecosistemas.
Diversos estudios han demostrado igualmente que se mantiene la
mortalidad de larvas de peces en radios de hasta dos kilómetros
desde la boca de emisión de aguas tratadas de las plantas
de producción de pulpa.
Dichos estudios también dan cuenta de que existen otros
componentes que pueden resultar tóxicos para el ecosistema,
como las resinas y los ácidos grasos que se liberan de
las maderas procesadas.
Experiencias realizadas en truchas mostraron que aun diluidos
2.000 veces, estos componentes son letales para los peces con
una exposición de tres a cuatro semanas.
Fuente: - http://www.argenpress.info/
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