segunda parte de mineria y agro

02/08/2010
Un ejemplo de ese nuevo espíritu lo vivió en carne propia Alejandro Ayres, por entonces presidente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, en 2005.

Entre los agricultores de ese valle había temor por el futuro cierre de la mina El Indio, de la canadiense Barrick, en plena precordillera. La posibilidad de que material contaminante abandonado terminara aguas abajo podía, literalmente, matar su negocio.

La minera convocó a representantes de agricultores y de la comunidad elquina para acoger sus aprensiones sobre el cierre del yacimiento, actividad que según la legislación chilena no es obligatoria.

Alejandro Ayres se sorprendió del resultado de las conversaciones. Luego de tiras y aflojas en la mesa de negociaciones, los ejecutivos de Barrick acordaron poner cerca de US$ 60 millones en medidas paliativas para enfrentar el cierre de El Indio.

Ayres recuerda como personalmente supervisó la reconstrucción del río Malo, un tributario del Elqui, que había sido desviado para abastecer a las faenas mineras. Luego de ser reencauzado, el río, aunque con un menor caudal que en la antigüedad, volvió a contribuir a la actividad agrícola del valle nortino.

"Esa negociación ayudó a fijar los estándares de cómo deben resolverse los problemas que acarrea la minería. Mi experiencia es que esas empresas, desde hace unos pocos años, están más abiertas a conversar y a tener una buena relación con los agricultores", afirma Alejandro Ayres.

Según Juan Ramón Candia, director del programa de Medio Ambiente de la Fundación Chile, "las compañías mineras están sujetas a muchas presiones en el exterior y no les interesa para nada comprarse un problema social o con los agricultores. Una parte importante de la propiedad de las mineras está en manos de fondos de pensiones de países desarrollados y sus afiliados son muy sensibles; por ejemplo, a las denuncias de los medios de comunicación".

Qué hacer

Las diferentes miradas sobre este tema tienen implicancias prácticas. Cada actor está haciendo lobby para imponer sus reglas del juego en las relaciones agro y minería.

Para las organizaciones ambientalistas el dictamen es claro sobre lo que tiene que hacer el país. "Por el bien de las comunidades, de los agricultores y del medio ambiente no se deben permitir proyectos que afecten glaciales, áreas protegidas  y nacimientos de cuencas y ríos", exclama Luis Cuenca.

En tanto, en las organizaciones agrícolas se apunta a elevar las relaciones entre ambos grupos a niveles insospechados.

La SNA está tirando líneas para posicionar al agro como un oferente de servicios ambientales a ese rubro extractivo.

"La minería es una actividad contaminante, mientras que la agricultura entrega beneficios al medio ambiente, como la captura de CO2 del aire, un elemento asociado al efecto invernadero. Perfectamente, podemos servir para que la minería amortigüe sus efectos negativos", explica Juan Pablo Matte.

 Otro elemento en que se espera colaboración es en la provisión de agua. Los productores quieren que las mineras asuman una mayor inversión para aumentar el caudal de agua en los valles nortinos.

"Esas empresas manejan un nivel de recursos que los agricultores nunca van a tener. Por ello, esas compañías tienen que apuntar a crear plantas desalinizadoras de agua marina, establecer mecanismos para rescatar las aguas antes de que lleguen al mar o crear los canales necesarios para llevar agua de una cuenca a otra", afirma Rafael Prohens, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Copiapó.

En tanto, desde el punto de vista de los analistas del sector, se apunta a que el Estado tiene que asumir un papel más activo en asegurar una mayor igualdad entre ambos sectores.

"Las empresas mineras, como tienen recursos suficientes, pueden entregar un estudio ambiental de muchos tomos.

Los agricultores o la ciudadanía, muchas veces, no tienen la habilidad para evaluarlo. Hay una asimetría en el manejo de la información. Es importante que el Estado provea de esas herramientas, como por ejemplo, a través de un Ombudsman, defensor público, ambiental", afirma Juan Ramón Candia.

Las propuestas están, ya es hora que el país tome una decisión.

El Estado tiene que asegurar una mayor igualdad entre ambos sectores productivos.

Fuente:El Mercurio

Fuente: El Mercurio

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