Escasea el agua

28/09/2009

El ministro de Obras Públicas ha anunciado una reforma constitucional sobre los derechos de agua, que se justificaría porque el vital líquido está escaseando y su disponibilidad es un “asunto de seguridad nacional”. Además, es necesario consagrar que se trata de un bien nacional de uso público.

El Código Civil (1857) y el Código de Aguas (1981) ya declaran que las aguas terrestres son bienes nacionales de uso público, que son aquellos cuyo dominio y uso pertenece a la nación toda. Obviamente, esta es una declaración que se refiere a las aguas mientras yacen o corren en la naturaleza, pero quien bebe de ellas o riega su campo, en el hecho se las apropia.

El Código de Aguas, reconociendo la realidad y el alcance económico que éstas tienen, establece un régimen para su apropiación, que al final siempre existirá. Para una gran variedad de actividades económicas el agua es un insumo fundamental y si no hay seguridad de disponer de ella, los proyectos simplemente no se llevan a cabo. La Constitución, buscando dar esa seguridad, garantizó la propiedad sobre los derechos que se constituyan sobre ella, llamados “derechos de aprovechamiento”, que consisten en la facultad de extraer un caudal máximo en un punto determinado y utilizarlo para fines privados. El resto no captado sigue siendo un bien público y disponible para el uso de otros.

Tales derechos pueden ser consuntivos, en que el agua se consume (riego agrícola) o no consuntivos, en que se usa y se devuelve al cauce (centrales hidroeléctricas). En el primer caso, el agua también retorna a los cauces en un alto porcentaje, por infiltración, residuos de procesos, etc. Por consiguiente, la apropiación es relativa y consiste más que nada en el uso temporal exclusivo del recurso.

Además, el titular puede disponer sin intervención de la autoridad de sus derechos de aprovechamiento. La libre transacción asegura que aquel que tenga el proyecto más rentable, dispondrá al final del agua suficiente para llevarlo a cabo. En otras palabras, el mercado cumple el papel de asignador eficiente de este recurso escaso.

Se ha dicho que el Código permite pedir toda el agua de una cuenca y, además, gratis. No es tan así, pues dispone que si alguien pide un derecho, se debe publicar un aviso y cualquiera puede reclamarlo también para sí. Hecha la publicación, pueden suceder dos cosas: que nadie más pida, entonces se trata de un bien que no es escaso y que, por ende, no hay que pagar por él; o que alguien pida, entonces es un bien sujeto a escasez y se procede a un remate, adjudicándosele al que ofrezca el mayor valor. Si se dice que el agua está escaseando, entonces ya nadie la obtendrá gratis. Si hay que pagar, no se pedirá más de lo que necesita. En cualquier caso, la ley no permite pedir “toda el agua”, porque para que se otorgue un derecho debe haber disponibilidad en el acuífero, se tiene que reservar un caudal mínimo en el cauce y no se puede afectar el derecho de otros. Para determinar todo eso existe un procedimiento administrativo.

Es efectivo que grandes empresas pidieron en el pasado cantidades significativas de derechos con el fin de asegurar su futura expansión, que en su momento nadie más reclamó y los obtuvieron sin pagar. Si después el agua se volvió escasa en el lugar, no es un abuso cobrar por ella. Si no la venden, es porque la necesitan para los proyectos que emprenderán más adelante.

Lo que en realidad está detrás de la reforma constitucional anunciada, es permitir que se quiten los derechos a esas empresas sin indemnizarlas. Ello puede tener un impacto muy grande en la seguridad jurídica y en la inversión a futuro, por el precedente que sienta. Además, se quiere entregar a la autoridad pública la capacidad de decidir cuáles son los proyectos que merecen asignación de agua. El potencial de ineficiencia en la asignación de recursos es fenomenal: ¿se imagina a los que han administrado la salud pública, la educación pública o que diseñaron el Transantiago, tomando esa decisión? Eso sin hablar del potencial de tráfico de influencias y abusos.

Finalmente, los agoreros de la seguridad nacional dicen que el agua en el mundo se va a agotar; que las guerras del Siglo XXI serán por el agua. Falso, porque si algo sobra en el planeta es agua, lo que está escaseando es la disponibilidad de agua dulce en determinados lugares de consumo. Entonces, subirá su precio y surgirán las tecnologías para aprovecharla mejor, e incluso desalinizarla y conducirla donde se necesite. El mercado es capaz de proveer agua y paz.

Fuente: "La Tercera"

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