Avances en la estructura administrativa para una gestion integrada Chile

12/09/2003

En Chile, aunque en el sector hídrico existe una dispersión institucional que produce contradicciones y, a veces, superposición de competencias, las responsabilidades principales en cuanto a la gestión del agua e implementación del Código de Aguas se concentran en la Dirección General de Aguas (DGA), un servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que es de carácter multisectorial.

A la DGA le compete: (i) planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales con el fin de formular recomendaciones para su aprovechamiento; (ii) otorgar los derechos de aprovechamiento de aguas; (iii) investigar y medir el recurso; (iv) ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público; y (v) supervigilar el funcionamiento de las organizaciones de usuarios. Participa además en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que coordina la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), creada en virtud de la Ley No 19.300, "Ley de Bases del Medio Ambiente", del 9 de marzo de 1994. Desde el punto de vista de su organización geográfica, la DGA tiene trece Direcciones Regionales, que abarcan todo el territorio del país, y ha sido su política permanente ir delegando funciones en sus Jefes Regionales. Existen además otras entidades públicas que tienen injerencia en cuestiones de uso y control de los recursos hídricos. Una de estas entidades es la Dirección de Obras Hidráulicas, un servicio dependiente del MOP, que tiene como misión desarrollar obras hidráulicas dentro de un contexto de manejo integrado de cuencas hidrográficas, propendiendo a un uso eficiente de los recursos disponibles. Esta labor se lleva a cabo participando activamente en la planificación del uso de los recursos hídricos y mediante la evaluación, diseño, construcción y conservación del conjunto de las obras hidráulicas de la cuenca, tales como riego, drenaje, colectores de aguas lluvia, manejo de cauces, defensas fluviales, proyectos de abastecimiento de agua potable en áreas rurales, control de crecidas y captación de aguas subterráneas.

La estructura institucional vigente tiene ciertas ventajas, ya que la DGA es un ente no sectorial e independiente de los sectores usuarios, y que no ejecuta por sí obras de aprovechamiento, lo que le permite desempeñar su rol regulador y normativo con gran imparcialidad, evita la distorsión de la función reguladora y favorece el desarrollo económicamente eficiente de los aprovechamientos sectoriales. Sin embargo, se observan varios problemas debido a la ausencia de una gestión integrada de los recursos hídricos, entre los que se destacan los siguientes:

(i) administración de los recursos hídricos a nivel de secciones (o tramos) de ríos y no a nivel de cuencas; (ii) interferencias entre el uso de las aguas subterráneas y superficiales, las cuales se manejan en forma independiente; (iii) gestión independiente de los aspectos relativos a la calidad y a la cantidad de las aguas; y (iv) uso del agua exclusivamente para fines sectoriales.

Para superar estos problemas, se han propuesto algunas modificaciones al Código de Aguas, que actualmente están siendo debatidas, de modo de fortalecer algunas funciones de la DGA y favorecer la gestión integrada del agua, como por ejemplo, el reconocimiento explícito de la interrelación entre aguas superficiales y subterráneas en una cuenca, y creación de Corporaciones Administradoras de Cuencas. Otras propuestas de reformas pretenden corregir vacíos legales que distorsionan el proceso de asignación original de derechos de agua y posibilita su uso para ejercer un poder de mercado en los mercados de productos y servicios de los que el agua es un insumo (véase Dourojeanni y Jouravlev, 1999).

Avances en la creación y operación de entidades de gestión del agua a nivel de cuencas

En Chile, se delibera actualmente sobre la conveniencia de implementar la gestión a nivel de cuencas como un medio para administrar el uso múltiple del agua y solucionar los problemas que causa la ausencia de una gestión integrada del recurso. Esta iniciativa se fundamenta en que la legislación actual sólo regula las organizaciones de usuarios tradicionales, como las comunidades de aguas, las asociaciones de canalistas y las juntas de vigilancia (las dos primeras son relativas a los canales o embalses y la última relativa a los cauces naturales). Estas organizaciones se encuentran orientadas a una función central específica, cual es la distribución de las aguas entre los titulares de derechos de agua y operación de las obras de aprovechamiento común. Sin embargo, otros problemas que afectan a las cuencas, como sequías, contaminación y erosión, carecen de una institucionalidad capaz de responder eficazmente a los desafíos que ellos representan.

En una primera etapa, cuya implementación no implica la necesidad de modificar el marco legal vigente, se pretende abordar el tema a través de la elaboración e implementación de Planes Directores para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, los cuales tienen como objetivo delinear una acción coordinada entre el sector público y el sector privado, a través de las señales que se les entregan a los sectores usuarios en relación con los efectos de acciones que importan el uso del agua o respecto de la conveniencia del desarrollo de iniciativas de uso múltiple del recurso (Chile/DGA, 1999).

El plan director se define como un instrumento de planificación indicativa que contribuye a orientar y coordinar las decisiones públicas y privadas con el fin de maximizar la función económica, ambiental y social del agua con una perspectiva de mediano y largo plazo. Como tales planes requieren de un procedimiento de consulta a los actores representativos de la cuenca, se propone establecer, a nivel local, un grupo de trabajo ad hoc de composición mixta, pública y privada (Comité de Recursos Hídricos), con el objeto de lograr su efectiva implementación como instrumentos de la estrategia de desarrollo regional. Cabe destacar que la DGA ya ha lanzado un programa para la elaboración de planes directores en un conjunto de cuencas críticas.

En una segunda etapa, cuya implementación requiere modificar la legislación actual lo que ahora está siendo debatido, se propone en el mediano plazo la creación de Corporaciones Administradoras de Cuencas, como una alternativa descentralizada, participativa y autónoma desde el punto de vista financiero para la gestión de las externalidades presentes a nivel de las cuencas y para el desarrollo de las iniciativas de interés común (Chile/DGA, 1999). Todavía no hay consenso en torno a qué composición, responsabilidades, atribuciones, fuentes de financiamiento, etc. tendrían las nuevas entidades y cuál sería su relación con organismos existentes. Sin embargo, se considera que deberían tener una composición sumamente amplia.

Desde el punto de vista del financiamiento se plantea una estrategia abierta que permita a la organización de cuencas establecer mecanismos de acceso a distintas fuentes de financiamiento, entre ellos, la tarificación, multas de carácter ambiental y otros instrumentos similares, además de recibir recursos provenientes del presupuesto del sector público central, regional y municipal.

Avances en la estructura administrativa para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

En Chile, el sector de abastecimiento de agua potable y saneamiento fue reformado a fines de los años

Fuente: Andrei Jouravlev, Administración del agua en América Latina y el Caribe en el umbral del siglo XXI, serie Recursos naturales e infraestructura, Nº 27 (LC/L.1564-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
       
Productos Relacionados

Presencia de Aguamarket en Países como:

Chile Argentina Bolivia Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador España Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panama Paraguay Perú Puerto Rico Republica Dominicana Uruguay Venezuela Francia Brasil Estados Unidos Canada Belice