Según un informe difundido por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), sólo el 51 por ciento de las viviendas del país posee servicio de acueducto y alcantarillado. El acceso a estos servicios públicos es una necesidad básica en las sociedades modernas, pero salvo en la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los hogares se ven obligados a contar con alternativas por la falta de esos servicios. Mientras, con los impuestos abonados por todos los habitantes del país se subsidia la tarifa de acueducto y alcantarillado en la Ciudad de Buenos Aires, donde vive la población de más altos ingresos del país.
Este promedio comprende, en un extremo, a la Ciudad de Buenos Aires donde el 96 por ciento de los hogares tiene acceso a este conjunto de infraestructura básica.
En el otro extremo, aparece la provincia de Misiones donde sólo el 18 por ciento de las viviendas están conectadas a la red pública de acueducto y alcantarillado.
Cuando el sector público no garantiza estos servicios, las familias tienen que apelar a soluciones individuales generalmente más costosas, menos seguras y más contaminantes. Una de estas soluciones es el agua de pozo o con transporte de cisterna, y el desagüe cloacal con cámara séptica y/o pozo ciego.
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