los cambios que requiere la legislación hídrica

Revuelo causó el anuncio de la Presidenta Bachelet, el 21 de mayo, de que se introducirían cambios en el Código de Aguas, para transformarlas en un bien nacional de uso público.

Si bien aún no está claro cómo se concretará y más allá de la inquietud que provocó, en el sector existe consenso de que en Chile la legislación que regula el uso del agua, para las distintas actividades, incluido el agro, no es suficiente para las necesidades de hoy, ya que fue creada para otra realidad, de población, productiva y climática. Hasta hace no mucho, las condiciones de pluviometría permitían que, aún perdiendo en el mar cerca del 86% del agua que caía, el país contara con agua suficiente para abastecer a la población, regar cultivos, generar electricidad y para las labores mineras. Además, la cordillera -con sus bajas temperaturas- permitía acumular nieve que luego se convertía en agua.

Pero con el crecimiento de la población, de la superficie agrícola y de la actividad minera, aumentó la demanda. Por el lado de la oferta, el clima cambió la frecuencia y volumen de las lluvias y elevó las temperaturas, y las sequías se volvieron casi permanentes.

El impacto golpeó duro al agro, usuario de la mayor cantidad de agua disponible para uso humano. Como indica el profesor de la Facultad de Agronomía de la UC, Luis Gurovich, “el riego de los cultivos agrícolas es, a nivel nacional y global, el principal usuario de los recursos de agua dulce, ya que consume entre el 70 y el 85% del total del agua dulce disponible”.

El problema es que en el país la estructura legal del tema hídrico desde hace varios años que ya no es suficiente para enfrentar la demanda creciente. Así, en distintas partes del país, el recurso hídrico se sobreexplotó, muchas veces de la mano de un sobreotorgamiento de derechos. Es, por ejemplo, lo que ocurre en Copiapó, donde se entregaron derechos de aprovechamiento de agua equivalentes a 19 mil litros por segundo. La falta de lluvia llevó a que el acuífero, sobredemandando, no alcanzara a recargar. Así, hoy se extraen del orden de 6 a 7 mil litros por segundo, mientras la recarga está en torno a los 3 mil m/s.

“El Código de Aguas, dada la situación actual de demanda, de escasez hídrica y de cambio climático, es insuficiente como regulador del tema de las aguas”, recalca Jorge García, abogado experto en recursos naturales de Araya y Compañía.

Bien nacional

El anuncio de la Presidenta Bachelet de que se modificaría Código y el agua se transformaría en un bien nacional de uso público encendió alarmas. Parecía hacerse eco de movimientos que desde hace un tiempo llaman a “nacionalizar” el agua.

En realidad, el Código, vigente desde 1981 y modificado en 2005, ya establece que el agua es un bien de uso público, que la autoridad solo otorga derechos para su aprovechamiento, sin entregar la propiedad, aun cuando esos derechos sí son transables.

Para el profesor de la UC uno de los problemas es que la legislación no deja claras las obligaciones de quien posee un derecho y “pareciera ser que esta falencia es el punto central de la discusión en este momento: se habla de renacionalizar el agua, pero ésta es ya propiedad exclusiva y única del Estado de Chile, a partir de la vigencia de la Ley de Reforma Agraria de 1967. No hay agua que nacionalizar, el agua es del Estado de Chile, en forma integra, como un bien nacional de uso público”, insiste.

Sin embargo, lo que el Código no establece, explica García, son prioridades de uso. “Todos, sean personas naturales, agricultura o minería, tienen el mismo derecho para utilizarla” explica García.

Por ello, cuando se producen situaciones de sequía, se requiere de un decreto de catástrofe o de emergencia, que cree condiciones especiales y priorice el recurso para las personas y la agricultura. Lo que suele ocurrir, entonces, es que quienes están en la cabecera de los cursos, son los primeros en captar el recurso. Mientras el agua es suficiente, no hay problema. Sin embargo, cuando escasea, los usuarios que están más abajo del curso hídrico se pueden encontrar sin agua o que estén contaminadas.

Distribución equitativa

Efectivamente uno de los problemas que se han acentuado con la escasez hídrica y el aumento de la demanda, es que todos los usuarios tengan el acceso al bien y en las condiciones adecuadas.

En el país los grandes usuarios son la población -a través de las sanitarias-, las hidroeléctricas, el agro y las mineras. Tradicionalmente, los conflictos han surgido entre el agro y las mineras, tanto por el uso como por la contaminación, por percolación o por contacto de esas aguas. Por razones similares se producen tambien entre las forestales y los agricultores o comunidades cercanas.

Sin embargo, al agudizarse la escasez hídrica, los agricultores se han enfrentado con los conglomerados hidroeléctricos, como con Endesa, en la Laguna del Maule.

La especulacion

Si bien el agua es de propiedad del Estado, éste entrega, sin costo, derechos de aprovechamiento a quienes lo requieran. Sin embargo, esos derechos pueden ser transados, incluso independiente de la tierra a la que suelen estar asociados.

A medida que aumentaba la escasez y crecía la demanda esos derechos se convirtieron en un bien cada vez más demandado.

De hecho, algo que se ha dado en distintas zonas del país, a partir de esto, es la especulación: compra y venta de derechos, muchas veces con el objetivo de obtener ganancias económicas o en otros casos, adquiriéndolos sin tener la necesidad, previendo un aumento de la demanda o la necesidad futura de una actividad industrial distinta a la agricultura. Así, en zonas del norte, por ejemplo, muchos agricultores han vendido sus acciones.

Además, esto ha llevado a que exista una cantidad indeterminada de derechos de aprovechamiento entregados que no están siendo usados, lo que significa que esa agua se está perdiendo y que muchos que quieren iniciar una nueva actividad agrícola se quedan sin acceder a cuotas del recurso, porque ya está asignado.

Gurovich plantea que en su origen lo que el sistema buscaba era incentivar un uso más eficiente del recurso, “sobre la idea básica que los actores económicos que se beneficien más con el recurso, implementarán tecnologías apropiadas para incrementar un uso más eficiente”.

Eso no ha ocurrido. Como lo plantea el mismo experto no es raro que quienes disponen de acciones, no busquen necesariamente la eficiencia. A la larga el perjudicado es el agricultor o el productor más pequeño y las comunidades más alejadas.

“Esta realidad perjudica la disponibilidad de agua para las economías locales, así como la conservación de los ecosistemas y el uso múltiple del recurso para turismo, agricultura, generación eléctrica y servicios sanitarios”, dice Gurovich.

Esto se agrava porque en Chile el agua de riego no se paga. Lo único que tiene un costo es la mantención del sistema de distribución hasta el ingreso de los campos. Y, dado que el agua aparentemente no tenía un valor económico, no siempre es utilizada en la forma más eficiente.

“… Podemos afirmar que en Chile existe la percepción de que el agua no tiene un valor real como insumo de la producción y por este motivo no hay un estímulo para incrementar la eficiencia con que este recurso es utilizado”, explica Gurovich.