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La contaminación de los cuerpos de
agua obliga a ubicar las fuentes aptas para el consumo humano y los componentes
del sistema en lugares cada vez más alejados de la
población beneficiaria, por lo que dichos sistemas
son cada día más complejos y extensos, lo que
contribuye a su exposición a diferentes amenazas de
origen natural y humano.
Así mismo, el aumento de la pobreza, la marginalidad y el crecimiento
es medido y sin planificación de las ciudades de América
Latina y el Caribe en las últimas décadas, han
conducido a que los pobladores se asienten en zonas inadecuadas
de alto riesgo sanitario y propensas a ser afectadas por fenómenos
naturales.
Esto determina que los componentes de los sistemas de agua
y alcantarillado también estén ubicados en zonas
de riesgo.
Todo lo anterior ha hecho que las instituciones del sector agua
y saneamiento y en particular las entidades prestadoras de
los servicios y los entes reguladores, se encuentren definiendo
distintas formas y estrategias para asegurar la calidad y
la continuidad de los servicios de abastecimiento de agua
potable, incluso con posterioridad a la ocurrencia de un desastre.
Algunas de estas instituciones han optado por centrar sus esfuerzos
en la atención posterior al evento adverso elaborando
planes de respuesta, capacitando a su personal en aspectos
de evaluación de daños y realizando esfuerzos
para identificar las vulnerabilidades y debilidades físicas
de su infraestructura con el objetivo de hacer las modificaciones
necesarias para darle mayor confiabilidad. De este modo, podrán
asegurar de manera más sólida la continuidad
y calidad de los servicios en todo momento e inclusive durante
las emergencias.
Este es el caso del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
(AyA), que ha venido trabajando en el tema desde hace varios
años, lo que ha permitido fortalecer sus iniciativas
en el manejo y control del riesgo.
Esta experiencia ha desembocado en la consolidación
de un comité técnico cuya labor ha dado frutos
de eficacia comprobada y que busca institucionalizarse como
una unidad de gestión del riesgo.
Por otra parte, algunos prestadores, ante la imposibilidad de
solucionar la vulnerabilidad física de los sistemas
existentes, han decidido adquirir seguros que protejan la
inversión financiera que han realizado. Muchos de ellos
no son del todo conscientes de que si bien esta alternativa
brinda cierta tranquilidad financiera para atender las necesidades
originadas por el desastre, en algunas oportunidades los recursos
para ello no están inmediatamente disponibles después
de ocurrido el desastre, que es cuando más se necesitan.
Asimismo, el hecho de tener la infraestructura asegurada no es un incentivo
para que las empresas reduzcan el riesgo físico de
los sistemas.
Recientemente, instituciones de crédito y de cooperación para
el desarrollo han elaborado instrumentos para asegurar que
la gestión del riesgo sea incorporada como un aspecto
integral en los proyectos en los cuales intervienen. Por ejemplo,
se puede observar que en algunas localidades donde el BID
y el Banco Mundial han apoyado los procesos de modernización
de los servicios de agua y saneamiento, tales como Guayaquil
(Ecuador) y La Paz (Bolivia), se especificó que el
nuevo prestador debía preparar en los primeros meses
de su gestión, un plan para atender situaciones de
desastre.
Lo anterior muestra la importancia de incorporar dentro de los
marcos regulatorios de los servicios de agua y saneamiento
los instrumentos que incentiven y permitan la fiscalización
necesaria para que los prestadores aumenten la seguridad de
la infraestructura en la misma medida en que se incrementa
la cobertura y calidad de estos servicios.
Esta nueva situación muestra que los nuevos proyectos de
infraestructura en el sector, además de las variables
hidráulicas y sanitarias, deberán incluir el
análisis de riesgo frente a las amenazas naturales,
si se quiere velar de la mejor manera posible por la calidad
de los servicios y, al mismo tiempo, asegurar la inversión
realizada. |
