Aguas y desarrollo: el acuerdo necesario.
El Gobierno está empeñado en generar los consensos necesarios
en esta materia.
El proyecto de ley que modifica el Código
de Aguas de 1981, y que establece una patente por el no
uso de las aguas, lleva más de 10 años de
tramitación ante el Congreso. Los objetivos de tales
modificaciones son promover un uso óptimo de las
aguas, corregir imperfecciones del mercado y asegurar un
uso sustentable del recurso. Adicionalmente, existen numerosos
problemas estructurales que dificultan el adecuado funcionamiento
del mercado como reasignador de derechos de aprovechamiento
de agua. A modo de ejemplo, se pueden señalar la
carencia de un registro centralizado de propietarios de
derechos y de transacciones y las demoras o trabas administrativas
para constituir nuevos derechos o autorizar su traslado. |
Ante esta situación, y teniendo presente que la excesiva
demora en la aprobación de las reformas planteadas ha generado incertidumbre en los
distintos actores del sector, el Gobierno está empeñado
en generar los consensos necesarios para dar rápida
solución a los vacíos y problemas generados
por la actual legislación.
Dentro
de este marco, hemos sostenido conversaciones con distintos
representantes del sector privado buscando la mejor manera
de resolver estos problemas. Un resultado concreto ha sido
la incorporación de una presunción de uso
de las aguas, que permitirá que los 300 mil usuarios
históricos de las aguas queden fuera del régimen
de patentes por el no uso.
Con esto, los sectores agrícola y minero, entre otros,
han obtenido la tranquilidad de que en la práctica
sus derechos no estarán sujetos al pago de patentes.
En la misma línea, y basados en el hecho de que la
matriz energética de nuestro país ha cambiado
sustancialmente en la última década, hemos
propuesto un nuevo sistema de patentes para los derechos
de aprovechamiento asociados a la generación hidroeléctrica.
La nueva forma de calcular la patente hace distinciones
tanto en el valor como en la entrada en vigencia entre la
zona austral y la zona centro sur. Respecto del valor de
la patente, éste es más bajo en la zona
austral y su aplicación se posterga para el año
2012, a diferencia de la zona centro sur donde es de vigencia
inmediata. Las razones de dichas diferencias radican en
los costos de los proyectos y en las posibilidades concretas
de su puesta en operación, ya que la Comisión
Nacional de Energía no tiene contemplada la realización
de proyectos en la zona austral en los próximos 15
años. Adicionalmente hemos ampliado el plazo de devolución
del pago del gravamen en reseña, lo que reafirma
que el fin de la patente no es recaudatorio, sino un mecanismo
para incentivar el uso eficiente del recurso.
En materia de agua subterráneas, hemos propuesto
importantes modificaciones que facilitarán la asignación
de derechos por los organismos técnicos, entregando
incentivos a los usuarios para asumir un papel activo en
la protección de los acuíferos.
Las reformas propuestas permitirán, en primer lugar,
informar adecuadamente a los interesados respecto de la
real disponibilidad para acceder, por un acto gratuito de
la autoridad administrativa, a un derecho de aprovechamiento
sobre aguas subterráneas. Ello ahorrará costos
de tramitación innecesaria y fomentará el
funcionamiento del mercado de las aguas, ya que los agentes
sabrán cuál es la forma de acceder a derechos
de agua ( por solicitud a la autoridad o mediante compra
a sus tenedores). En segundo lugar, la declaración
de áreas de restricción permitirá a
la Dirección General de Aguas otorgar nuevos derechos
provisionales por un volumen equivalente al 25% del caudal
de los derechos existentes.
Estos derechos provisionales podrán ser transformados en
derechos definitivos si, después de cinco años
de uso efectivo, se demuestra que las extracciones no provocaron
un perjuicio a los derechos otorgados con anterioridad.
Mediante este mecanismo se cambia de acción Ddesde la
modelación técnica de la capacidad de los
acuíferos a la constatación empírica,
minimizando el riesgo de afectar derechos de terceros ya
constituidos.
Con las adecuaciones descritas, el proyecto de reforma fue aprobado
por la unanimidad de los miembros de la Comisión
de Obras Públicas del Senado. Del trabajo conjunto
con los principales actores que intervienen en forma directa
en la gestión de las aguas hemos llegado al convencimiento
de que las medidas tomadas y las propuestas permitirán
en el corto plazo realizar un aprovechamiento más
eficiente de nuestros recursos hídricos con una adecuada
protección de los mismos. |
