18/12/2002
La modificación del Código de Aguas de Chile, actualmente en trámite desde el año 1992, debiera tender a resolver los problemas que ha generado el que está vigente; además debe modificarse por las profundas alteraciones a que ha sido sometido el recurso agua subterránea en todo el país. Lo que he leído del texto en vías de aprobarse, me permite concluir que es necesario diferir su eventual aprobación hasta que se consideren aspectos de suma importancia.
Sin pretender estar redactando indicaciones específicas al proyecto haré una muy breve enumeración de los puntos más relevantes, referido exclusivamente a las aguas subterráneas. Tampoco este documento pretende ser exhaustivo.
1. Tipos de derechos
No pueden ser otorgados para ser ejercidos en forma "permanente y continua" porque es imposible ejercerlos de dicha forma. En los acuíferos o embalses subterráneas son aplicables los conceptos de oferta (recarga y almacenamiento) y demanda (explotación).
Si la demanda supera la oferta se produce escasez del recurso lo que se traducirá en descensos de niveles y en su agotamiento.
2. Permiso previo a la construcción de pozos
Solo se puede autorizar la construcción de un pozo con un permiso previo y/o un derecho provisorio. Esto además de lógico es conveniente para el privado porque con el ordenamiento vigente no tiene asegurada la consecución del derecho una vez construido el pozo y eventualmente podría perder la inversión, ya que primero hay que hacer el pozo y después solicitarlo.
3. Cobro por el uso del agua subterránea
Siendo un insumo para la producción los usuarios deben cancelar. Esto es de suyo evidente en el caso de las sanitarias. En una sociedad moderna y desarrollada que se rige por las leyes del libre mercado el agua no es un bien libre y debe por tanto sujetarse a las leyes de la oferta y la demanda.
4. Protección de los derechos
Por decisiones de la autoridad al otorgarse nuevos derechos muchos dueños de pozos comprueban desde hace cuatro décadas que cada vez entregan menos agua porque se han otorgado más derechos de los que permiten los acuíferos. Por tanto la autoridad ha ido quitando derechos que ella misma otorgó. La estabilidad de los proyectos abastecidos con agua subterránea requiere que los derechos de los pozos sean protegidos y estables en el tiempo.
5. Plazos para tramites
En la práctica no existen plazos para el otorgamiento de derechos de agua subterránea. La DGA no tiene plazos para pronunciarse. Además los terceros que se oponen al otorgamiento de un derecho pueden presentar oposiciones, recurso de reconsideración de un derecho pueden presentar oposiciones, recurso de reconsideración y de reclamación que pueden, en este último caso, llegar a la Corte Suprema. Es decir, puede un trámite demorar tanto como 10 años y más. Los proyectos de desarrollo no pueden esperar tanto tiempo.
6. Participación de privados
En el caso de las Juntas de Vigilancia de cauces de aguas superficiales existe una cierta participación de los interesados en el manejo de los recursos hídricos. No ocurre en el caso de los embalses de agua subterránea. Es mi opinión que la participación organizada de privados en la protección de sus fuentes de agua es muy superior al sistema existente hoy. El Estado chileno no dispone de los recursos necesarios ni suficientes para ejercer su autoridad en el tema del agua subterránea.
7. Derechos sobre acciones
La capacidad de los embalses de agua subterránea es limitada. Así como los recursos de un río se distribuyen en acciones que se tranzan, puede idearse un mecanismo similar para el caso del agua subterránea. Esto tiene validez siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en que el agotamiento de los embalses debe ser evitado por razones de suyo evidentes.
8. Arbitraje de controversias
En el sistema actual y asumiendo una conducta proba de los funcionarios, el sector pri-vado se encuentra absolutamente desprotegido de la autoridad administrativa la que puede tomar decisiones erróneas y/o arbitrarias. Así como las tarifas de los servicios de agua potable se discuten entre Privados, Estado y un Árbitro, los temas de aguas subterráneas debieran ser objeto de un procedimiento justo y equitativo, con una participación activa de los afectados.
9. Policía de aguas
En países desarrollados y en otros no tanto, existen personas dedicadas a vigilar el correcto uso de las fuentes de agua. Esto es bueno para todos salvo para los que infringen la ley. Existe una cantidad extraordinariamente significativa de pozos construidos y explotados ilegalmente en Chile y la tendencia a esto es creciente en el tiempo. Qué mejor que una organización de privados regionalizada para vigilar la explotación del agua subterránea de su cuenca hidrográfica. Hoy en día un pozo profundo puede ser hecho en pocos días.
10. Manejo regional de las decisiones
Las decisiones sobre otorgamiento de derechos se toman en Santiago. No hay razón valedera para que esto ocurra así. En la capital de Chile pueden ser fuertes las presiones sobre el sistema para atender preferentemente ciertas solicitudes, en desmedro de otras con menos apoyo. Por otra parte el conocimiento que tienen los funcionarios de las direcciones regionales es suficiente para que puedan adoptar decisiones. Algunas veces los expedientes van a Santiago solo para ser firmados.
11. Crisis institucional
En la actualidad se presentan cerca de 8000 solicitudes de derechos al año. La estructura técnica y administrativa estatal es incapaz de atenderlas prontamente. No hay una explicación satisfactoria a que algunas solicitudes recientes se aprueban con prontitud y otras no, pese a tener años de espera.
12. Subsidio estatal a obras de recarga
Si los embalses se nos están agotando una posibilidad para paliar el problema es la recarga artificial de acuíferos. Podría ser una buena iniciativa dar un subsidio a los privados por efectuar una recarga artificial de acuíferos. Por ejemplo las sanitarias tienen períodos en que no funcionan a plena capacidad por la variabilidad de su demanda. En períodos de excedentes disponibles podría usarse esa agua para recargas embalses.
13. Zonas de Restricción
La DGA en casos calificados puede suspender el otorgamiento de nuevos derechos si a su juicio no existen más recursos para otorgar. Esta medida siempre es tardía y carece de significado cuando explotamos recursos de agua conocidos como fósiles, Este es el caso de muchas cuencas del Norte Grande. ¿Por qué razón no pueden explotarse dichos recursos hasta agotarlos tal como se hace con los recursos mineros? Estas son algunas de las carencias que tendría el proyecto de nuevo Código de Aguas de aprobarse en la forma en que se encuentra en el Parlamento.
14. Aguas subterráneas y superficiales: un solo recurso
El Código hace una separación entre aguas superficiales y subterráneas que en la práctica es ilógica pues ambos constituyen un solo recurso.
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