La reforma al Código de Aguas plantea declarar el agua "bien nacional de uso público", una decisión errada para la Sociedad Nacional de Agricultura, ya que podría afectar los derechos de los agricultores. Propuestas no faltan: una es mejorar la gestión, en especial las cuencas. Otros proponen crear bancos de agua.
Copiapó se seca. El acuífero del valle se recarga a una velocidad de 4 mil metros cúbicos de agua por segundo, pero el consumo promedio es de 8 mil metros cúbicos por segundo. Es decir, se gasta 100% más de lo que entra.
"La DGA dio más derechos que los que la cuenca es capaz de soportar. La brecha entre consumo y recarga del acuífero se ha agrandado porque los derechos existían, pero no se estaban usando, punto que ha cambiado con el aumento de los proyectos mineros y agrícolas. La situación se hace cada vez más crítica y la DGA no puede revocar los derechos otorgados", explica Angélica Osorio, presidenta de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (Apeco).
Ello está significando el agotamiento de napas subterráneas. Eso implica que de donde antes se podía sacar agua a 20 o 30 metros de profundidad, ahora es necesario llegar a 100 o 120, un costo económico que sólo las mineras pueden pagar.
El problema de Copiapó no es único. Tampoco nuevo y se convierte en un escollo más para la ya dramática situación dejada por el terremoto en los sistemas de riego de la zona centro-sur.
Lo que ocurre en la III Región es un ejemplo de una situación que se da en casi todo el país: cada vez hay más competencia por un recurso escaso, entre sectores como la minería, la energía y la agricultura.
"Lo que están haciendo las mineras es cambiar el modo de producción; inyectan agua a través de un pozo, con lo que producen una borra con mineral que les permite agotar la mina en 10 años en vez de 30. Eso asusta, porque necesitan mucha más agua para producir y podrían dejar a Puclaro seco. Dos años atrás las acciones de Puclaro costaban $1.700.000 y actualmente valen más de $4 millones. Es un negocio tentador para los agricultores más viejos que están vendiendo, pero podría acelerarse el proceso de desertificación. Se estima que La Serena podría ser un desierto en 30 años, pero a este paso claramente lo seremos antes", explica Alejandro Meneses, usuario del canal Saturno y canal Bellavista.
La situación ya impacta en la producción agrícola. En el norte, mineras adquieren derechos de agua a agricultores, lo que significa campos que comienzan a secarse.
Alejandro Meneses recuerda que antiguamente de los alrededores del río Loa -en la II Región- se cosechaban 500 hectáreas de hortalizas, de las que hoy no queda nada y piensa que lo mismo podría pasarles a los usuarios del canal Bellavista, en la IV Región.
A nivel nacional, la base del problema, según los agricultores, es la forma en que se distribuyen los recursos: sin que se tomen en cuenta las características de la cuenca, la disponibilidad de agua o el uso que se le dé. Llueve, truene o en medio de la peor de las sequías, de acuerdo al Código de Aguas, los recursos no se distribuyen por prioridades -suministros de agua potable antes que riego, por ejemplo-, sino de acuerdo a quien tenga los derechos. Y aquí es donde entran a jugar los grandes: con más recursos están dispuestos a pagar por los derechos y a comprar incluso más de los que eventualmente necesitarán, aun cuando los dejen sin usar, para anticiparse a una escasez.
Y eso es lo que se intenta corregir a través de una reforma al Código de Aguas, que actualmente está en la comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, para ser aprobada en cerca de un año si es que el nuevo gobierno mantiene el interés por llevarlo a cabo -ver recuadro-.
La reforma plantea declarar al agua "bien nacional de uso público" e incorpora puntos como las aguas sólidas: glaciares, que hoy pueden ser intervenidos sin restricciones si están dentro de un campo o que se puedan establecer limitaciones del ejercicio de los derechos en momentos críticos como sequías.
Sin embargo, la preocupación del sector agrícola es que junto con declarar el agua "bien nacional de uso público", queda fuera parte del numeral 24 en el que se establece que "los derechos particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos". Es decir, se podría abrir la puerta para que a futuro se afecte el derecho de propiedad y con ello se desincentiven las inversiones necesarias para optimizar el uso del recurso.
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