Reestudio de reforma constitucional sobre derecho de aguas
Hace algunos días, el nuevo director de Aguas anunció que el Gobierno presentará un informe a la Cámara de Diputados buscando modificar el proyecto de reforma constitucional sobre el régimen de las mismas, enviado en enero pasado por la entonces Presidenta Bachelet.
No está claro si el Gobierno optará por retirarlo, o bien si desea enmendarlo, pero el funcionario dejó en claro que ese proyecto no satisface a la actual administración. Cabe recordar que, en rigor, iniciada la tramitación de un proyecto en el Congreso por la vía de un mensaje presidencial, el Ejecutivo sólo puede restarle impulso político o prioridad en la agenda legislativa, pero no retirarlo, a menos que sea rechazado en general en la cámara de origen.
Pero, más allá de lo procedimental, lo importante es que el Gobierno ha reflexionado con oportunidad sobre un proyecto objetivamente inconveniente, y lo probable es que no persevere en él. Muchos son los reparos técnicos y constitucionales que merece el texto presentado por el gobierno anterior, y muy pocos los beneficios objetivos que no puedan obtenerse con la actual legislación, sin necesidad de reformarla. Por ejemplo, la idea central del mensaje de la ex Presidenta Bachelet al enviar el proyecto fue destacar la importancia de las aguas y su carácter de bien nacional de uso público. Esto sorprende, pues el Código de Aguas vigente ya otorga actualmente a éstas, de modo explícito, el carácter de bien nacional de uso público. La constitucionalización de esta declaración sería una excepción innecesaria y rigidizante, que rompe la regla general, consistente en que será la ley la que vaya, a lo largo del tiempo, definiendo con flexibilidad qué bienes adquieran o pierdan este carácter.
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