Cambios que se han venido acentuando en los últimos años que han deteriorado las fuentes primarias de agua como la contaminación ambiental, y el crecimiento de los centros urbanos, obligan a actualizar la tecnología y los criterios de planificación y diseño de la infraestructura del sector agua y saneamiento. La contaminación de los cuerpos de agua obliga a ubicar las fuentes aptas para el consumo humano y los componentes del sistema en lugares cada vez más alejados de la población beneficiaria, por lo que dichos sistemas son cada día más complejos y extensos, lo que contribuye a su exposición a diferentes amenazas de origen natural y humano.
Así mismo, el aumento de la pobreza, la marginalidad y el crecimiento es medido y sin planificación de las ciudades de América Latina y el Caribe en las últimas décadas, han conducido a que los pobladores se asienten en zonas inadecuadas de alto riesgo sanitario y propensas a ser afectadas por fenómenos naturales.
Esto determina que los componentes de los sistemas de agua y alcantarillado también estén ubicados en zonas de riesgo.
Todo lo anterior ha hecho que las instituciones del sector agua y saneamiento y en particular las entidades prestadoras de los servicios y los entes reguladores, se encuentren definiendo distintas formas y estrategias para asegurar la calidad y la continuidad de los servicios de abastecimiento de agua potable, incluso con posterioridad a la ocurrencia de un desastre.
Algunas de estas instituciones han optado por centrar sus esfuerzos en la atención posterior al evento adverso elaborando planes de respuesta, capacitando a su personal en aspectos de evaluación de daños y realizando esfuerzos para identificar las vulnerabilidades y debilidades físicas de su infraestructura con el objetivo de hacer las modificaciones necesarias para darle mayor confiabilidad. De este modo, podrán asegurar de manera más sólida la continuidad y calidad de los servicios en todo momento e inclusive durante las emergencias.
Este es el caso del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que ha venido trabajando en el tema desde hace varios años, lo que ha permitido fortalecer sus iniciativas en el manejo y control del riesgo. Esta experiencia ha desembocado en la consolidación de un comité técnico cuya labor ha dado frutos de eficacia comprobada y que busca institucionalizarse como una unidad de gestión del riesgo.
Por otra parte, algunos prestadores, ante la imposibilidad de solucionar la vulnerabilidad física de los sistemas existentes, han decidido adquirir seguros que protejan la inversión financiera que han realizado. Muchos de ellos no son del todo conscientes de que si bien esta alternativa brinda cierta tranquilidad financiera para atender las necesidades originadas por el desastre, en algunas oportunidades los recursos para ello no están inmediatamente disponibles después de ocurrido el desastre, que es cuando más se necesitan.
Asimismo, el hecho de tener la infraestructura asegurada no es un incentivo para que las empresas reduzcan el riesgo físico de los sistemas.
Recientemente, instituciones de crédito y de cooperación para el desarrollo han elaborado instrumentos para asegurar que la gestión del riesgo sea incorporada como un aspecto integral en los proyectos en los cuales intervienen. Por ejemplo, se puede observar que en algunas localidades donde el BID y el Banco Mundial han apoyado los procesos de modernización de los servicios de agua y saneamiento, tales como Guayaquil (Ecuador) y La Paz (Bolivia), se especificó que el nuevo prestador debía preparar en los primeros meses de su gestión, un plan para atender situaciones de desastre.
Lo anterior muestra la importancia de incorporar dentro de los marcos regulatorios de los servicios de agua y saneamiento los instrumentos que incentiven y permitan la fiscalización necesaria para que los prestadores aumenten la seguridad de la infraestructura en la misma medida en que se incrementa la cobertura y calidad de estos servicios.
Esta nueva situación muestra que los nuevos proyectos de infraestructura en el sector, además de las variables hidráulicas y sanitarias, deberán incluir el análisis de riesgo frente a las amenazas naturales, si se quiere velar de la mejor manera posible por la calidad de los servicios y, al mismo tiempo, asegurar la inversión realizada.
-------------------------------------------------------------------------------- Fuente: Boletín trimestral de la OPS/OMS Fecha de Publicación Aguamarket: Lunes 19 de Enero de 2004
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