Quien tiene el agua

En Chile, alrededor de la mitad de los derechos de agua no se usan. Muchos que los requieren no pueden acceder a ellos. Quienes los tienen y no los utilizan deben pagar patentes. Aun así, el agua no se usa y eso afecta el desarrollo del país.

En la década de los '90, la Asociación de Usuarios del canal Biobío Norte, en Santa Bárbara, tenía derechos por 15 m3 de agua por segundo. La necesidad de asegurar el riego de una zona eminentemente agrícola los llevó a solicitar 10 m3/seg más a la Dirección General de Aguas. No se los concedieron. La razón: se encontraba en trámite una solicitud de derechos de aprovechamiento de 600 m3 por segundo para Endesa. La eléctrica recién empezaba los estudios para usar el agua unas cuántas décadas después; en cambio, la asociación ya tenía la bocatoma efectuada y podía usar el agua de forma inmediata. Pero no hubo nada que hacer.

"A Endesa no le iban ni venían los 10 m3/seg, pero había un problema legal; la DGA, al tener un derecho por 600 m3 por segundo, estaba impedida de conceder a la asociación de canalistas su solicitud", explica Rafael del Valle, abogado especialista en derecho de agua y profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería de la Universidad Católica.

Lo que les ocurrió a los canalistas del Biobío no es raro. En Chile hay una enorme cantidad de agua que ya tiene dueño, aunque no se usa. Lo que es más grave es que muchos se están quedando sin ella, pues está pedida.

Según el Balance Hídrico de Chile, efectuado por el MOP y la DGA, el caudal total nacional es de 29.411 m3/seg. De los cuales, Endesa tiene cerca de 23% de los recursos, AES Gener 8%, la Dirección de Obras Hidráulicas 2,4% y Colbún 2,2%. Actualmente, la DGA no tiene un registro específico de cuánto es el porcentaje exacto de agua que tiene dueño, pero no se utiliza, aunque hay aproximaciones que señalan que Chile tiene 30 mil metros cúbicos de agua, de los cuales se han cedido en derecho alrededor de 15 mil, y 7 mil, casi la mitad, es la cantidad de agua que no se usa.

Las cosas no siempre fueron de esa manera. A principios de siglo y hasta 1981, los derechos se concedían siempre y cuando hubiera una obra, una necesidad de agua. Se otorgaba un derecho provisorio por un año mientras se presentaba el proyecto definitivo, para luego contar con un año más para construirla y sólo entonces entregar los definitivos. Pero a principios de la década del '80 los derechos fueron otorgados aunque no existiera un proyecto definido, ni necesidad del recurso. Bastaba pedirlos, y si existía disponibilidad en el cauce, se otorgaban.

"Lo que se planteó fue que el mercado iba a regular. Lo que hicieron varias empresas, básicamente hidroeléctricas, fue tomar un plano de Chile y pedir todos los ríos que encontraron porque no tenían costo", señala Rafael del Valle.

Resultado: una enorme cantidad de derechos de agua con título de propiedad, pero sin ser aprovechados.

En un intento de solucionar la situación, en 2005 se modificó el Código de Aguas, y se estableció que los titulares de derechos que no tuviesen las obras de captación para utilizarlos debían pagar una patente anual a beneficio fiscal, en relación al caudal, la naturaleza y la ubicación de los derechos de agua. A los 5 años la patente se duplica, a los 11 se cuadruplica.

Pero la nueva norma no consiguió su objetivo: que se use el agua o que se devuelvan los derechos para su reasignación. Y ya no hay muchas aguas para entregar.

"Como anteriormente el Estado estaba obligado a otorgar los derechos de agua, se generó una condición en la que prácticamente la totalidad de los superficiales y parte importante de los subterráneos ya están otorgados o pedidos. Al no usarse se produce una gran pérdida, pues muchos no pueden llevar a cabo sus proyectos. Se están dejando de hacer cosas buenas para el país", explica Juan Eduardo Saldivia, subsecretario de Obras Públicas.

Independiente del daño, si las hidroeléctricas no sueltan los derechos, es porque lo consideran un buen negocio a futuro y están dispuestos a pagar por mantenerlos.

"Actualmente, el monto recaudado es cercano a los $11 mil millones. Se calcula que el costo de aprovechamiento - el pago de patentes- podría ser 10% del total de la inversión de un proyecto hidroeléctrico", señala Francisco Riestra, jefe de la Unidad de Fiscalización de la DGA.

El problema es que si, como sucedió a principios de año, la sequía afecta a regiones consideradas lluviosas, al no haber derechos que solicitar se da paso a la especulación y falta del recurso.

Actualmente, dentro de los consuntivos - en los que el agua se extrae sin necesidad de restituirla, como el riego o el agua potable- , el 78% se destina al sector agropecuario y forestal. Dentro de los no consuntivos - la que se devuelve- , el 68% se destina a la energía. Según un estudio efectuado por la DGA, en 10 años más la cifra podría cambiar a 74% para el sector agrícola y forestal, y la energía subiría a 84%. Para Del Valle esto no necesariamente implica un desmedro para la agricultura, porque ambas actividades no son excluyentes.

"Puede ser un matrimonio mal avenido, pero son un matrimonio al fin. Si bien la patente puede ayudar, no es la solución. El punto es que hay que aceptar que el problema de la disponibilidad de agua es de tipo económico. Un agricultor no puede pelear contra una hidroeléctrica solo, deben juntarse para negociar en mejores condiciones", señala.

Los que más tienen

LAS HIDROELÉCTRICAS ENDESA Y COLBÚN SON LAS QUE MÁS PAGAN POR EL NO USO DE LOS DERECHOS DE AGUA. DE HECHO, LAS 160 PATENTES MÁS ALTAS CUBREN EL 80% DEL MONTO A RECAUDAR, EN TOTAL CERCANO A LOS 11 MIL MILLONES. ENDESA PREFIRIÓ NO REFERIRSE AL TEMA.